Denunciaron a las ministras Bañuelos, Torrontegui y Zabala Chacur
Es por la entrega de tablets a coordinadores de merenderos en la sede del Partido Justicialista. Advierten que hubo un “uso político partidario” de dos programas gubernamentales.
La publicación de elchorrillero.com del 16 de septiembre, a través de la cual se reveló que se repartían los dispositivos, llegó hoy a la Justicia a partir de una presentación que radicó el abogado, Ricardo Bazla.
Denunció a las tres funcionarias en sede penal por la presunta comisión de los delitos de “abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado, malversación de caudales públicos y violación de juramento constitucional, en concurso ideal”.
Involucró a las ministras de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, tiene bajo su órbita el plan; de Desarrollo Social, María Angélica Torrontegui, dirige los merenderos, y de Hacienda, Natalia Zabala Chacur.
El dirigente político villamercedino planteó en su presentación que las ministras del gabinete de Alberto Rodríguez Saá tienen distinto grado de responsabilidad en el otorgamiento de los dispositivos a punteros y dirigentes de Compromiso Federal.
Es que el plan “San Luis 3.0” es una acción del Estado destinada a un universo de beneficiarios que fue establecido previo al lanzamiento de la política oficial.Abarca a alumnos de 1° y 2° grado, docentes, jubilados, policías y personal de la salud pública.
Impugnó la politización al ser incluidos los “coordinadores” y distribuidos en una sede partidaria, en este caso del oficialismo.
Esencialmente el Gobierno favoreció al Frente Unidad Justicialista con el reparto a punteros para monitorear un segundo plan oficial, es decir los centros donde los chicos reciben las raciones (una leche chocolatada, un cereal y un alfajor).
A esa conclusión llegó Bazla que recurrió a los tribunales para que se inicie una investigación. Tuvo en cuenta además notas de dos medios oficiales, la Agencia de Noticias San Luis y Canal 13.
Tras perder las PASO ante el Frente Avanzar y Cambiemos por San Luis, el Gobierno instrumentó las dos medidas que son cuestionadas. El 22 de agosto abrió centenares de merenderos y hace dos semanas cedió los aparatos.
“El hecho penal se produce a partir del acto que se realizó el 15 de septiembre al convocarse a la sede del PJ a punteros y responsables de unidades básicas para recibir las tablets”, sostuvo el dirigente opositor.
Al mismo tiempo denunció el “control” que se ejerce sobre los beneficiarios porque “deben enviar al partido fotografías” de los chicos y sus familias en los centros donde reciben las raciones.
“Es harto evidente que los actos llevados a cabo han tenido un claro sentido especulativo de índole electoral”, aseguró. Para Bazla no hay dudas de que se busca favorecer al candidato a senador Nacional, Adolfo Rodríguez Saá
Por otro lado apuntó al financiamiento. Pidió que se llame a declarar al rector de la Universidad de La Punta, Fernando Salino para que explique si se pagaron con una partida de $81.285.000, asignada a una unidad ejecutora que depende de la institución.
También solicitó a la Justicia que cite a los responsables del PJ de La Punta, Darío Rosas Curi y Gloria Velásquez porque promocionaron una convocatoria en la sede para informar sobre el plan “San Luis 3.0”.
“Quedaría probada la criminalidad del acto, desde el momento que anuncian y publicitan una reunión donde se informará sobre la entrega de bienes públicos, pero con claros fines partidarios. No se realizaron idénticas reuniones en otros partidos políticos que no forman parte del oficialismo provincial, sino que todo quedó circunscrito al ámbito gobierno-partido que tienen las mismas cabezas visibles”, sostuvo en alusión al gobernador Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, máximas autoridades de la fuerza política gobernante y a la vez candidatos para las elecciones del 22 de octubre.
La lista de testigos la completa este cronista, director de este medio y autor de la nota que fue respaldada con fotos y video.